Según el enfoque del Banco Mundial, el énfasis de las políticas de los países en o con escaso desarrollo debe ponerse en lograr el mejoramiento del acceso a los programas de protección social e inversiones en capital humano, porque entienden que de ello depende la posibilidad de romper el círculo de la pobreza. En ese sentido, la educación es tomada como herramienta de constitución de ese capital humano.
Dado que la volatilidad en América Latina y el Caribe sigue siendo alta, el Banco señala que los países deben fortalecer sus defensas contra las perturbaciones económicas y necesitan crear redes de seguridad eficaces que protejan a los pobres en caso de pérdidas repentinas de su ingreso; ya que se observa que en situación de exclusión social hay escasas o nulas chances de que incluso vía la educación puedan revertirse las situaciones de extrema pobreza, porque si ni el acceso a ella está garantizado, no se podrán recibir y desarrollar los beneficios que la educación traería a los hogares y a los niños pobres en relación con su futuro. Por ello la protección social deberá acompañar, según el Banco, los intentos de mejora en el acceso y la calidad educativa en pro de la equidad.
El sector que se ocupa, dentro del Banco, específicamente de la Protección Social trabaja en América Latina y el Caribe fundamentalmente en:
- Redes de seguridad dirigidas a los pobres, mediante transferencias de dinero, asistencia social y programas de empleo con salario mínimo.
- Fondos sociales, que funcionan como intermediarios financieros para proporcionar inversiones elegidas por las comunidades pobres, como clínicas o escuelas.
- Pensiones, para mejorar el acceso de los pobres y garantizar la sustentabilidad fiscal de las obligaciones del gobierno, mediante préstamos de ajuste, préstamos para proyectos y asistencia técnica.
El BM sostiene que el mejoramiento de los sistemas de protección social y su conversión en elementos permanentes de las economías en desarrollo podrían ayudar a los países pobres a reducir la pobreza en forma más decidida y obtener mayores beneficios de la globalización con menos riesgos.
Este Organismo advierte que en los países en desarrollo es urgente proteger a los grupos de población pobres y vulnerables, pero no sólo durante los momentos de agitación y cambio económico. Los sistemas de protección, señala este organismo, deben existir antes de que se produzcan las crisis para que tengan oportunidad de producir buenos resultados.
El nuevo concepto de protección social del BM se ha plasmado en una definición de la misma en términos de “intervenciones públicas para ayudar a los individuos, hogares y comunidades a manejar mejor el riesgo, y prestar apoyo a quienes se encuentran en situación de pobreza crítica”. Así, otorga a dicha protección una función de previsión en términos de contribuir a la reducción de la pobreza de forma duradera.
Según el BM, para superar los riesgos hace falta reconocer su origen y sus características económicas.
La combinación adecuada de mecanismos (informales, basados en el mercado u ofrecidos por el Estado) y estrategias de manejo del riesgo (prevención, mitigación o enfrentamiento) en una situación dada depende del tipo de riesgo y de los costos y eficacia de los instrumentos disponibles. Los mecanismos formales constituyen todavía la forma principal de manejo del riesgo para la mayoría de la población mundial (por ejemplo, la compra-venta de activos reales, los empréstitos y préstamos informales, la diversificación de los cultivos y el aprovechamiento de la tierra y el uso de tecnologías de producción más seguras). Mientras que los mecanismos basados en el mercado se vinculan con el uso que los hogares hacen de instituciones como bancos y compañías de seguros. Como las instituciones formales de mercado se resisten a prestar a los hogares que no disponen de ingresos asegurados, el microfinanciamiento es también una característica importante de la gestión del riesgo social. Pero este requiere de ciertas habilidades cognitivas básicas y de manejo de información que es necesario desarrollar.
Por otra parte, el BM sostiene que los mecanismos públicos para hacer frente al riesgo son relativamente escasos y tienen una cobertura muy limitada en el mundo en desarrollo. El BM destaca que, cuando no existen mecanismos de riesgo informales o basados en el mercado, o cuando estos se desmoronan o no resultan eficaces, el Estado debe ofrecer o imponer programas de seguro social frente a riesgos como el desempleo, la vejez, las lesiones laborales, la discapacidad, la viudez y la enfermedad. Por esta razón , según el BM, hay un gran margen para la intervención pública en gestión del riesgo, ya sea en esta área como en la definición de políticas que permitan un acceso más extendido a sus implicancias en el ámbito privado.
En materia educativa su objetivo de largo plazo se define como: “Asegurar que todas las personas terminen estudios de enseñanza básica de calidad suficiente, adquieran los conocimientos fundamentales (alfabetización, conocimientos básicos de aritmética, capacidades para razonar y técnicas para la vida en sociedad, como la aptitud para trabajar en equipo) y tengan la oportunidad de seguir estudiando toda la vida en distintos entornos de la enseñanza post-básica para poder adquirir conocimientos avanzados” (Estrategia sectorial de educación, BM, Abril 2000). Pretende educación básica universal y sobre todo, manifiesta focalizar sus preocupaciones en los más pobres y las niñas.
En un contexto reconocido como de gran inequidad, pobreza y exclusión, deserción escolar, poca calidad educativa, retroceso en el acceso, adquisición de conocimientos insuficientes e inadecuados para el ingreso al mundo del trabajo, equipamientos escasos en las instituciones, disparidades enormes entre países y dentro de los países, insiste en una relación de estrecha colaboración entre gobiernos nacionales, locales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales a fin de garantizar que se alcancen los objetivos de educación de cada país y para “fomentar que a nivel público y de los educadores se comprenda la necesidad de cambio en la esfera de la educación.”
Los informes del Banco muestran que en los primeros tiempos se ponía énfasis para los préstamos y orientaciones en la infraestructura edilicia, luego en la asistencia de los niños a las escuelas, y actualmente a la calidad de la enseñanza y el nivel de aprendizaje obtenido, a partir de mejoras en la capacidad institucional. Define actualmente que en tiempos de grandes ajustes económicos, la preocupación se centra en el uso de los recursos (eficacia y eficiencia) y la creación de la capacidad institucional necesaria para producir y mantener los cambios hacia una mayor calidad.
BID
El Banco Interamericano de Desarrollo plantea la existencia de una estrecha vinculación entre educación y pobreza. En su perspectiva, la educación sería uno de los activos cuya distribución desigual estaría asociado al origen y a la reproducción de la pobreza.
Manifestando que la “lucha contra la pobreza y la promoción de la equidad” es el objetivo central de la agenda de desarrollo social del BID, el organismo destaca que el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica resultan metas esenciales pero no suficientes, de manera que el crecimiento debe estar acompañado por medidas para asegurar que sus beneficios lleguen a todos los segmentos de la población. En este sentido, sostiene que se requieren esfuerzos sostenidos a favor de la población excluida para el progreso económico y social.
Explicita en documentos recientes una comprensión multidimensional de la pobreza, compuesta tanto por la privación material, como el bajo desarrollo humano, la vulnerabilidad y la falta de poder de grandes sectores de población,. A fin de acelerar el ritmo de la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones y promover la equidad social se requiere, según este organismo, la adopción de medidas específicas en distintas áreas prioritarias, siendo las vinculadas al potencial humano, entre las que se identifica a la educación como protagonista principal, de fundamental importancia en este sentido.
La inversión en educación debería estar guiada según el BID dando especial importancia a la universalización, calidad y pertinencia.
Así, una de las metas que en materia educativa se ha establecido el organismo es el alcanzar para el año 2015 matriculación para todos los niños en la escuela primaria. Al mismo tiempo, la educación secundaria es considerada de central importancia por el BID, dadas las características de la economía actual y la que “está por venir”, especialmente por la globalización y el creciente contenido intelectual de la producción, pues esto requiere una fuerza de trabajo con fuertes conocimientos en matemática, lenguaje y comunicación, así como flexibilidad, creatividad y creciente capacidad para trabajar con otros en forma cooperativa.
Según el BID, en los países desarrollados estas demandas se han traducido en una educación secundaria universal, la revisión del currículum, y estándares más elevados de aprendizaje. En contraste, en América Latina y el Caribe, no sólo el porcentaje de matriculados dentro del total de niños en edad de asistir a la escuela secundaria es menor que en el caso de los principales competidores de la región, sino que, además, el aprendizaje sería inadecuado considerando estándares internacionales (Sostiene que: el currículum implementado no estaría actualizado y presentaría escasas vinculaciones con las necesidades del mercado de trabajo, los maestros necesitarían profundizar, reformar y actualizar su capacitación y a menudo están poco motivados, los materiales de aprendizaje muchas veces se evalúan escasos e inadecuados, las escuelas rara vez tienen sentido de su misión e identidad, e infraestructura adecuada y los directores a menudo tienen poca autoridad y reconocimiento). Problemas que se complicarían por el creciente número de estudiantes que ingresan a la escuela secundaria provenientes de ambientes socioculturales diversos, y con necesidades diferentes, que no son atendidos en esas particularidades. El BID afirma que los pobres, especialmente los que provienen de áreas rurales, están extremadamente sub-representados, y un importante número de jóvenes adultos está aún en la escuela secundaria, principalmente como resultado de la repitencia.
En el marco del compromiso que el BID ha asumido en el sentido de orientar su cartera de crédito hacia los objetivos de reducir la pobreza y promover la equidad, relacionado con la Estrategia de Reforma de la Prestación de Servicios Sociales, el Octavo Aumento de Recursos estableció que el 40% del total de préstamos y el 50 % del número total de créditos estarían dedicados a estos fines (préstamos SEQ). Dentro de este portafolio se creó una categoría de préstamos definidos como inversiones focalizadas en la pobreza (préstamos PTI) y el Banco ofrece un 10 % adicional de financiación para estos préstamos.
En cuanto a los criterios para los préstamos SEQ, cabe destacar que la clasificación de equidad social y reducción de la pobreza se aplica a todos los préstamos excepto los de emergencia. Todos los proyectos elegibles deben indicar si contribuirán o no al objetivo de tener el 50 % del número de los proyectos y el 40 % del volumen crediticio dedicados a promover la equidad social y la reducción de la pobreza. Todos los equipos de proyecto deberán aplicar los siguientes criterios para la clasificación de programas destinados a la equidad social y reducción de la pobreza: operaciones en todos los sectores sociales (salud, educación, saneamiento, nutrición y soluciones al problema de la vivienda), operaciones en sectores no sociales con un impacto directo importante en la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad.
En cuanto a los criterios para los préstamos PTI, la clasificación de inversión focalizada en la pobreza se aplica a los préstamos de inversión, excluyendo los préstamos de cooperación técnica, pero incluyendo los préstamos de innovación y de facilidad sectorial. Así, tenemos: Clasificación sectorial automática (los proyectos se clasifican automáticamente como PTI cuando respaldan programas en los sectores: enseñanza preescolar, educación primaria, desarrollo de la primera infancia, programas sociales para niños y adolescentes en situación de riesgo, atención primaria de salud, nutrición, desarrollo urbano de áreas marginales, producción agrícola de pequeños campesinos, microempresas, fondos de inversión social y operaciones de empleo de emergencia); Clasificación geográfica (se incluyen los proyectos cuyos beneficios están dirigidos a regiones, comunidades, urbanizaciones o áreas identificadas como pobres en cada país); Clasificación “Headcount” (en la que se incorporan los proyectos cuando más del 50 % de los beneficiarios potenciales de la operación son pobres, según la línea de pobreza prevista para la clasificación PTI en cada país).
Puede observarse que la educación guarda para el banco una consideración central en la lucha contra la pobreza y es una esfera prioritaria para el otorgamiento de créditos, ya que la considera como promotora de capital humano, sin el cual, en un nivel de desarrollo importante, no concibe la inclusión en la economía global.
UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sostiene que la exclusión en educación es multidimensional, tanto en sus causas como en sus efectos.
En ese sentido, verifica dicha multidimensionalidad, por una parte, por la diversidad de agentes implicados, ya que no sólo involucra a los niños a los que se les niega la asistencia a la escuela, sino también a aquellos que asisten pero no aprenden. También involucra a las políticas nacionales que no logran revertir o perpetúan la pobreza y la marginación social, y así socavan la capacidad de las familias de actuar a favor del desarrollo de sus hijos, ya que obliga, o por lo menos no generan condiciones favorables, para que las mismas perciban o puedan efectuar la escolarización de los niños como prioridad. Al mismo tiempo, involucra también a los mismos sistemas educativos y a las escuelas que negarían o harían dificultoso el acceso y la calidad a través de servicios inadecuados, costosos o distantes.
Por otra parte, la exclusión es también multidimensional en relación con los factores que inciden en el desarrollo humano, ya que sin los funcionamientos básicos requeridos para alcanzar una calidad de vida digna difícillmente se pueda aprender, pero a su vez si a un niño se le niega la educación es invariablemente privado de salud, nutrición, vivienda y protección adecuados, y de una comunidad segura. Además, porque esa negación genera efectos a largo plazo; cerrando las puertas al conocimiento, las habilidades y la auto-confianza necesarios para desarrollar acciones correctivas, ahora y en el futuro.
Según UNICEF, esta problemática requiere ser comprendida en contextos específicos y con condiciones particulares que niegan a ciertos niños la participación efectiva en el aprendizaje efectivo y relevante. Sugiere tres contextos amplios, que son:
1. La familia y la comunidad: La participación y el éxito escolar están directamente relacionados con la situación de la familia, su pobreza, sus creencias a cerca de la condición de género y acerca del rol de los niños en la sociedad, el estatus y los recursos destinados al desarrollo psico-social y cognitivo, y de qué modo da respuesta a las necesidades básicas. También incide la comunidad, su diversidad sociocultural, los mecanismos para la resolución de conflictos, y su nivel de aislamiento respecto del sistema político y económico.
2. La escuela y la burocracia: Las capacidades que un niño trae de su hogar son fortalecidas o debilitadas por el ambiente físico, intelectual y emocional de la escuela. La comprensión y aplicación de principios de desarrollo y aprendizaje por parte de los maestros, la supervisión a que sean sometidos y la calidad del currículum que proporcionan, la tolerancia del abuso por parte de la escuela o la insistencia en el respeto mutuo, su seguridad física, la salud y el desarrollo de la seguridad personal, todos contribuyen para dar la bienvenida o para rechazar a un niño. Eso requiere condiciones vinculadas a contenidos curriculares, normativas y aspectos administrativos e institucionales orientados al desarrollo de las capacidades del niño y no a su obstaculización.
3. La política educativa: Las políticas educativas reflejan el compromiso de una nación con los niños y su aprendizaje. Ellas determinan cómo se distribuyen los presupuestos y de qué manera son entrenados los maestros, si hay llegada a los niños cultural o físicamente diferentes, así como el rango de las alternativas educativas provistas. El lenguaje de instrucción, el nivel de descentralización y la calidad del monitoreo determinan la condición de “amigas de los niños” de las escuelas.
En cuanto a quiénes son excluidos, UNICEF sostiene que cualquier niño puede sufrir algún grado de exclusión. Críticos para la acción global son aquellos afectados de manera más amplia y permanente, en razón del lugar en el que viven (áreas rurales, villas miserias, campos de refugiados), cómo viven (en absoluta pobreza, en medio de enfermedades persistentes, malnutrición, discapacidades), qué hacen (trabajadores, soldados, explotados sexualmente), y quiénes son (niños marginados por su raza, etnia, idioma, género). Estos son niños que se encuentran imposibilitados de romper con el ciclo de la exclusión sin una acción afirmativa, significativa y persistente por parte de las comunidades locales, los gobiernos nacionales y las agencias internacionales para terminar con la pobreza y reformar los sistemas socioeconómicos. Se requiere acción en todos los contextos en los que la exclusión se origina, de manera simultánea, hacia el corto y el largo plazo.
Desde esta óptica, la exclusión educativa puede ser concebida como la violación de los derechos de aquellos que no tienen acceso a la educación, lo que implica un cambio fundamental con respecto al usual abordaje centrado en la percepción de la educación en tanto bien social que las sociedades procuran distribuir de manera tan amplia y justa como sus recursos (públicos y privados) permiten. Se trata de un cambio de enfoque que, a la vez que genera fuertes reclamos para que el derecho a la educación sea respetado por gobiernos, padres y comunidades, reconoce que existen formas de discriminación en la provisión de educación (deliberadas o, por el contrario, no intencionales), que ponen a ciertos grupos en una posición de clara desventaja.
OIT
El énfasis de este organismo en relación con la educación y la equidad está puesto en destacar el importante rol de la educación, los niveles de destreza de la mano de obra y la formación profesional, para determinar el éxito o fracaso, individual y colectivo.
Propone una activa estrategia de recursos humanos, ya que la misma puede convertirse en la vía para sacar del subdesarrollo y la pobreza a millones de trabajadores del mundo, a la vez que resulta una herramienta central para hacer frente a la creciente competencia mundial, para mejorar la capacidad de las economías de ocupar un puesto en alguno de los mercados emergentes de la interrelación de la mundialización y los adelantos tecnológicos.
Dado que el crecimiento es una meta que debe conseguirse, pero también mantenerse, la OIT señala que la sostenibilidad de las tasas de crecimiento depende de la capacidad de los recursos humanos del país, de ahí la centralidad que adquiere la puesta al día de las calificaciones y de la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas a las nuevas oportunidades que brinda el mercado.
A su vez, niveles altos de educación y formación profesional (componentes esenciales de la “capacidad tecnológica”) resultan de decisiva importancia para atraer la inversión extranjera directa, en particular, empresas multinacionales, que tienden a localizar su inversión en las regiones del mundo donde las destrezas son fácilmente asequibles, o donde pueden ser generadas sin demora, y traen consigo nuevas destrezas y conocimientos prácticos (know how).
Según la evaluación de la OIT, en términos de capacitación de recursos humanos, América Latina ocupa un lugar intermedio entre Asia Oriental –donde las calificaciones y destrezas requeridas para competir con éxito en la economía mundializada se encuentran ya “a punto”- y Asia Meridional y África Subsahariana –regiones en las que aún llevará mucho tiempo lograrlo-.
En América Latina, la mayoría de los países podrían dar ya el salto hacia niveles más elevados de capacidad tecnológica, pero deben aún resolver el problema de cómo hacerlo. El reto en la región sigue siendo cómo recuperar el crecimiento., lo cual, según la OIT, probablemente requerirá una base de capital humano sensiblemente mayor para poder aumentar los niveles de productividad.
Las tasas crecientes de matrícula escolar, y la disminución del analfabetismo producidas en las últimas décadas muestran el avance más o menos continuo en materia educativa. Sin embargo, según la OIT, el desequilibrio creciente de la distribución de los ingresos se ha convertido en uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo de los recursos humanos en la mayoría de los países de la región.
Parecería ser que a pesar de que los indicadores macro muestran que ha habido mejoras en lo niveles de acceso, de escolaridad, de conocimientos específicos, no obstante la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, entonces, queda mucho por hacer respecto de la distribución de los recursos, ya que ha acompañado a la mejora de los indicadores educativos también el ensanchamiento de la brecha que refleja la inequidad social. Por eso, el reto sigue siendo el crecimiento pero unido a la mejora en la distribución de los recursos.
En pos de alcanzar mayores niveles de productividad y de igualdad de oportunidades, la OIT destaca la necesidad de mejorar la calidad y el acceso en el nivel primario, así como en la educación femenina, y de procurar que los sistemas de formación profesional contribuyan cada vez más directamente a la elevación del nivel de calificación de la mayor parte posible de la población activa.
Su llamado a que la inversión pública en educación prepare el camino para que las empresas (que deben abandonar sus reticencias a adherir al cambio tecnológico y a la innovación) se muevan hacia sectores industriales de alto valor agregado, se vincula estrechamente con uno de los peligros acerca de los cuales la OIT alerta. Se trata del riesgo implícito en las actuales tendencias vigentes en la mayor parte del mundo en desarrollo, que consiste en fomentar nuevas actividades de tecnología intensiva adecuadas para un sector relativamente pequeño de la mano de obra, dotado de una educación avanzada, pero trabando las exportaciones en gran escala que exigen mucha mano de obra semi-calificada.
El desafío en América Latina es crear empleos en empresas importantes del sector estructurado. Esto aún no se ha producido, en parte como consecuencia de la reestructuración industrial, la reducción de la protección al empleo, y la creciente competencia de las importaciones, pero, también, como consecuencia de la escasez relativa de trabajadores calificados y de una distribución de las calificaciones y de la duración de la escolaridad que está más polarizada que en Asia Oriental. La OIT hace hincapié no sólo en que se generen empleos sino también en el tipo de empleos, focalizando en aquellos que mejoren la competitividad externa de los países.
De este modo, la educación y la formación profesional son para este organismo un factor fundamental no sólo en los procesos de creación de empleo y de generación de desarrollo, sino también como componentes vitales de las políticas que deben seguir los países en vías de desarrollo a fin de evitar el impacto de la polarización social.
CEPAL
CEPAL adscribe al consenso a escala regional relativo a las prioridades en educación, acordado en la II Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile en 1998. En ella se reconocieron como principios que guían la acción educativa a la equidad, la calidad y la pertinencia, fijando como prioridades educativas continentales la creación de programas compensatorios para la atención de grupos vulnerables, la formación y capacitación docente, la conformación de sistemas de evaluación, el intercambio continental en materia de experiencias innovadoras, utilización de nuevas tecnologías y educación en valores para la democracia y la ciudadanía, entre otras.
Por otra parte, se destaca que el desarrollo del sistema educacional, así como el dinamismo de las sociedades y de las economías en las últimas dos décadas, plantean nuevos desafíos y obligan a readecuar sobre la marcha los sistemas de educación y transmisión de conocimientos (CEPAL/UNESCO, 1992).
Para este organismo, la educación es el instrumento privilegiado para la integración social y para elevar la competitividad sistémica de las economías (una competitividad no centrada en bajos salarios o explotación excesiva de recursos naturales y humanos, sino en la incorporación de progreso científico y técnico). Así, la educación es considerada como la esfera privilegiada para generar y promover mejor calidad en los recursos humanos.
CEPAL considera que actualmente, en América Latina y el Caribe, si bien los avances respecto de cobertura en educación son importantes, la dinámica interna del sistema educativo ha tenido poca conexión con la evolución de sistema productivo y con las transformaciones ocurridas en la sociedad, y esto le ha dificultado incorporar a los programas de estudio y las prácticas escolares contenidos que respondieran a las demandas de la economía y del ejercicio pleno de la ciudadanía, reflejándose en la debilidad de los sistemas de capacitación y en algunos anacronismos en materia de contenidos y modelos de aprendizaje.
Se entiende que estamos frente a nuevas e impostergables demandas educativas que nacen desafiadas por la competitividad sistémica de la economía global, y que se ligan a la expansión de los niveles medio y superior, un mayor desarrollo del área científico-tecnológica, la necesidades de innovaciones en el plano productivo, de nuevas destrezas que respondan a la flexibilidad que hoy exige el mercado laboral y sobre todos las demandas de las pequeñas y medianas empresas.
Así, CEPAL está convencida que todavía es necesario avanzar sustancialmente en materia de logros educativos en la región, concretamente en la escolaridad correspondiente a la enseñanza secundaria y terciaria para lograr un notable progreso en los niveles de competitividad de los recursos humanos y que la mayor parte de la población cuente con suficientes años de escolaridad como para poder aspirar a mejores opciones de movilidad ocupacional y bienestar social en el futuro. Pero, a la vez, sugieren que simultáneamente es necesario ampliar las oportunidades ocupacionales y la equidad social.
Perciben como principales desafíos en el campo educacional, y orientadores de las reformas requeridas y/o realizadas (algunas que se han desarrollado, tras se hallan en proceso y otras a construir) a:
a) La continuidad educativa. Alcanzada ya en la región una meta asociada con una matrícula universal en primaria -aunque no en todos los países-, el reto que visualiza el organismo para la mayoría de los países es lograr avances importantes en materia de continuidad de los estudiantes dentro del sistema educacional, intentando llegar lo antes posible a una cobertura universal en la educación secundaria.
b) El aumento en la calidad de la educación. Implica seguir avanzando en herramientas de diagnóstico y medición de la calidad para darle mayor pertinencia a intervenciones futuras; tomar decisiones y realizar acciones efectivas para actualizar estilos de aprendizaje y de enseñanza; dotar a las escuelas con un soporte informático y de tecnología audiovisual que permita transmitir a los educandos nuevas destrezas de adquisición de información y conocimientos; imprimirle mayor fuerza y dinamismo al mejoramiento curricular y la capacitación docente; extender jornadas escolares y dotar de mayor infraestructura escolar a las escuelas (CEPAL/UNESCO, 1992).
c) La mayor equidad de oportunidades educativas. Dado que se observa que el acceso a una buena educación sigue estando muy segmentado por estratos socioeconómicos, falta una segunda “ola democratizadora” que vaya más allá de la ampliación de la cobertura, que permita reducir las actuales brechas en las condiciones de acceso y calidad. CEPAL entiende que la diversificación institucional de la educación, y la consiguiente distancia entre escuelas de élite y la educación pública, junto con la diversificación de los medios de acceso al conocimiento, obligan a promover una reforma educativa que permita igualar las oportunidades de acceso a una educación de calidad y la trayectoria de los alumnos en el sistema educacional.
Esto implicaría garantizar a los sectores más desposeídos una oferta educativa que les ayude a permanecer más tiempo en el sistema, adquirir formación oportuna y contar, por lo tanto, con mayores opciones de movilidad socio-ocupacional.
d) La adecuación de los sistemas educativos a las exigencias productivas y a la competitividad global basada en la incorporación de progreso técnico. Se entiende que para los países de la región esto implicaría impartir formación para un desarrollo productivo que debe tomar en consideración las destrezas propias de la sociedad de la
información y el conocimiento. Este organismo evalúa que ese desafío está lejos de recibir una respuesta adecuada de nuestros sistemas educacionales, en los que el cambio de orientación y estilos pedagógicos todavía, en general, es incipiente.
e) La educación para el ejercicio de la ciudadanía moderna. Se vincula a la línea de orientaciones de la CEPAL respecto de la consolidación de la democracia como sistema político en casi la totalidad de los países de la región, afirmando la necesidad y obligación de construir una cultura ciudadana moderna y de vocación democrática.
Entienden al ejercicio de la ciudadanía como caracterizado esencialmente por el intercambio mediático, el diálogo público, el procesamiento informado de las demandas de distintos grupos sociales, y la autoafirmación cultural, los que se constituyen en elementos fundamentales en los espacios emergentes de la vida social.
El organismo afirma, además, (CEPAL 2000) que las reformas educativas que se han llevado a cabo en la región durante las últimas dos décadas han estado marcadas por decisiones públicas encaminadas a producir transformaciones en cuatro ámbitos: organizativos, financieros, cualitativos y de articulación sistémica. No obstante se señala que el contenido y el ritmo de las reformas también han dependido considerablemente del perfil educativo de cada país, lo que no se limita sólo a los niveles de analfabetismo, las tasas de escolaridad y los logros en cuanto a continuidad educativa, que en la región pueden
variar mucho entre países; sino también la influencia de la infraestructura física y tecnológica de las escuelas, la capacidad y compromiso docentes, la valoración de la educación formal por parte de la comunidad, las estructuras institucionales que rigen los sistemas educativos, y la pertinencia de los contenidos y métodos pedagógicos utilizados. Y, si bien se registran experiencias bien diversas, los énfasis han tendido a recaer en las dos primeras áreas.
El organismo sostiene que, en relación con los aspectos organizativos, se ha buscado:
- Replantear el papel del Estado por la vía de potenciar sus funciones de orientación estratégica, regulación, fomento de las autonomías y evaluación de los resultados.
- Avanzar en los procesos de descentralización, en procura de incrementar los logros, la pertinencia y la eficiencia del sistema.
- Bajo la misma racionalidad, impulsar el establecimiento de esquemas mixtos público- privados y el incremento de la autonomía de las escuelas.
- Revalorizar económica y culturalmente la profesión docente mediante sistemas más meritocráticos.
Mientras que, en relación con los aspectos financieros, se ha pretendido:
- Incorporar esquemas flexibles de subvención y focalización, que permitan al Estado ejercer funciones compensatorias y redistributivas.
- Complementar las políticas centradas en la oferta educativa con mecanismos de promoción y subvención de la demanda.
- Sustituir el financiamiento estatal mediante la movilización de diversas fuentes de financiamiento que incluyan un volumen creciente de recursos privados.
En lo relativo a los aspectos de calidad, se ha procurado:
- Equilibrar la importancia fundamental otorgada a la cobertura con la que se asigna al incremento de la calidad y de los logros educativos.
- Fomentar el desarrollo de instrumentos confiables de evaluación que permitan calificar los sistemas en función de los beneficios que aportan a la economía, la sociedad y la cultura.
Finalmente, respecto de la articulación sistémica, se ha planteado la conveniencia de:
- Avanzar hacia un enfoque sistémico que integre la educación, la capacitación y la investigación entre sí y con el sistema productivo.
- Establecer una nueva relación entre educación, capacitación y empresa.
- Promover, en función de lo anterior, un esfuerzo conjunto de universidades, empresas y gobiernos con el objeto de que el conocimiento que se imparta contribuya a elevar la competitividad.
Objetivos Generales:
